Ministerio de Industria: Dos años de difamando a la industria fotovoltaica española

Durante dos años se ha acusado a gran cantidad de plantas fotovoltaicas de fraude, sin siquiera abrir una investigación, como mera treta de desprestigio hacia la fotovoltaica. A lo largo de dos años llegaron noticias ‘filtradas’ de que hasta el 30% de las plantas fotovoltaicas, unos 1.000MW, podrían estar conectadas fraudulentamente, haciendo de este sector un hervidero de piratas. Sin pretender exculpar a nadie, pero si poniendo en contexto todo, dos años después y en poco menos que un par de meses se ha verificado todo el sector y como mucho solo el 1,82%, unos 64MW, estaba conectado de manera fraudulenta. En el artículo repasamos cual fue la acción del gobierno antes y después del 2008 y como se llegó a esto.

La historia del Real Decreto 661/2007 y el fin de su tarifa fotovoltaica

El RD661/2007 de 25 de mayo, estableció que existía un límite para las primas que se establecían en este marco normativo. En el caso de la fotovoltaica se estableció que al llegar a un 85% de la potencia programada para esta tecnología (450MW) para 2010, el ministerio avisaría. A partir de este aviso se establecía un año en el cual podrían seguir conectando instalaciones sin ningún límite. Esta fecha se dio el 28 de septiembre de 2007, apenas cuatro meses después de la aprobación del RD661/2007, lo cual da idea de lo mal planificada que estaba la normativa.

Si una ventaja tiene la fotovoltaica es que si uno necesita 20 trabajadores para construir 100kWp en una semana, si quiere construir 1MWp en una semana, solo tiene que multiplicar por 10 los recursos. Al multiplicarse por 10 la superficie es muy fácil conseguir velocidades de implantación vertiginosas. El sistema normativo que creó el Ministerio de Industria provocó que se instalaran casi 3.000MW fotovoltaicos en un solo año.

Obviamente a medida que se acercaba la fecha del 28 de septiembre de 2008 la gente se ponía nerviosa por alcanzar la fecha, pero lo que sí es cierto es que para conectar a la red hace falta una autorización administrativa de la comunidad autónoma y que posteriormente la compañía eléctrica expida un certificado. Este certificado implica la conexión y la conexión implica la verificación de distintos parámetros técnicos por parte de la compañía, por lo tanto, en principio es imposible obtener la conexión a red sin tener la planta operativa. En el caso de conexión sin estar operativa implicaría un fraude de algún funcionario de la comunidad autónoma al permitir esta, y luego el del funcionario de la compañía eléctrica afirmando que ha verificado algo, que no se ha verificado.

El limbo de la energía fotovoltaica

¿Quién tenía derecho a recibir la prima de 47c€/kWh establecida por el RD661/2007?

La verdad es que hay dos cosas muy claras. Todo el mundo que estuviera inyectando energía fotovoltaica el 28 de septiembre de 2008, tenía derecho a recibir la prima. Y todo aquel que no hubiese terminado de construir la planta no tenía derecho.

Pero hay una situación intermedia que no está contemplada legalmente. Porque seguramente se dieron algunas plantas que fueron conectadas a la red posteriormente al 28 de septiembre, a pesar de ser completadas, y por tanto listas para generar, con anterioridad a esa fecha. Esto es debido a que el trámite administrativo y la petición de conexión a la compañía eléctrica demora algunos días Y luego el inspector de la compañía eléctrica también tardaba días o semanas a presentarse por la planta para conectarla, especialmente en esos días en que miles de plantas se conectaron. Por otro lado había plantas listas para ser conectadas que no pudieron hacerlo, porque la compañía eléctrica se había comprometido a realizar un tendido de la línea eléctrica y esta se había retrasado por diversos motivos. ¿Es justo decir que estas plantas son ‘fraudulentas’? En mi opinión está claro, estas plantas debían ser incluidas en el régimen económico del RD661/2007, pero sea así o no, en ningún caso son plantas ‘fraudulentas’. Solo cabría hablar de fraude en el caso de finalizar la construcción después del 28 de septiembre y, por tanto, haber solicitado la autorización de conexión con anterioridad a la conclusión de la planta. De hecho numerosas comunidades autónomas, sin ir más lejos la Comunidad Valenciana o Andalucía, se pronunciaron públicamente diciendo que si la planta estaba finalizada el 28 de septiembre, aunque sin conectar, consideraban que entraba dentro de plazo. En el otro lado, el Ministerio de Industria ha manifestado en reiteradas ocasiones que solo entendía como plantas legalmente conectadas aquellas que el 28 de septiembre de 2008 estuvieran inyectando electricidad a la red, criterio este más que discutible.

Cronología del presunto fraude 

Menos de un mes después de finalizar el régimen económico del RD661/2007 el Ministerio de Industria ya empezaba a ‘conspirar’ en contra de la fotovoltaica. El diario “Público” titulaba el 24 de octubre de 2008: “Sospechas de fraude en el negocio solar”:

“Industria ordena a la CNE que investigue los huertos fotovoltaicos creados antes de la última rebaja de primas. Sebastián sopesa "replantear" la normativa”.

Y el Ministerio de Industria añadía algunas tonterías del estilo:

“El departamento que encabeza Miguel Sebastián encargó el jueves a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que investigue uno por uno los nuevos parques conectados a la red en los meses anteriores a la entrada en vigor del decreto.

El regulador energético deberá constatar que esas instalaciones están realmente en funcionamiento y que se ubican donde sus propietarios dicen que están. Es decir, que podría haber paneles plantados en medio de la nada sin generar electricidad. Y parques que cambian de lugar para cobrar dos veces la misma prima.”

El 19 de diciembre de 2010 la CNE ya se atrevía a cuantificar el presunto fraude: 600MW, es decir, el 20% de las plantas instaladas ese año. Decía “Público” ese mismo día: “Mano dura contra el fraude solar”:

El Ministerio de Industria prepara una batería de medidas para castigar a los agentes involucrados en la presunta estafa en el sector fotovoltaico que investiga la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

[…]

“La dimensión del fraude todavía no está clara: la CNE lo ha cifrado en 600 megavatios, lo que equivale a unas 1.200 instalaciones fotovoltaicas.

Si esa cantidad fuera cierta, el fraude podría ser multimillonario y dejaría en anécdota otras estafas similares como la del lino: alcanzaría los 3.000 millones de euros, aunque el 99,9% de ese dinero (que sufragan todos los consumidores mediante un porcentaje de la tarifa eléctrica) todavía no se ha pagado, ya que las primas funcionan como una concesión a 25 años que acaba de iniciarse. “

[…]

Fuentes próximas a la patronal [eléctrica] dicen que una parte importante de los casos sospechosos corresponde a plantas que, pese a estar en regla, no entraron en funcionamiento en la fecha debida porque las distribuidoras (Endesa, Iberdrola o Unión Fenosa) no procedían al enganche. Uno de los pocos responsables del sector que se ha pronunciado ha sido Pedro Rivero, el presidente de la patronal eléctrica, Unesa. "Al final, (el fraude demostrable) se quedará en un 5% de lo que se pensaba", ha pronosticado.

Muchos hablaron. El ministerio de Industria difamando a todo un sector de manera maledicente, y las asociaciones fotovoltaicas, especialmente ASIF, intentando encauzar el tema pero dando como buenas unas cifras que ellas realmente desconocían.

El único que habló con cordura, y al que el tiempo terminó dando la razón, fue el presidente de la patronal de las compañías eléctricas: Pedro Rivero. Quizás por eso al final, especialmente por parte de Gas Natural, lo hicieron dimitir.

En enero de 2009 el gobierno crea una norma que da a la CNE potestades sancionadoras e inspectoras. Cinco Días decía en enero de 2009: “Las fotovoltaicas tendrán que acreditar que tienen las placas para cobrar primas”. La campaña para dar a entender muchas cosas malas, sin decir nada proseguía.

En 2010 la difamación continúa. “Libertad Digital” dice “Industria  destapa el fraude: ¿Placas solares alimentadas con gasoil para producir de noche?”. Al cabo de pocos días se descubre que todo era un montaje del Ministerio de Industria. En este blog mismo fuimos de los primeros en darnos cuenta que algo no cuadraba. Y mientras tanto el ministerio seguía ‘erre que erre’ con los cientos de MW que estaban cobrando, presuntamente, una prima fraudulenta.

Justo hace menos de un mes “El Economista” nos decía que el fraude podría ascender a los 1.000MW

Y es que antes de las vacaciones de este año el Ministerio de Industria avisaba. Los huertos ‘fraudulentos’ devolverían todas las primas cobradas hasta la fecha y perderían el derecho a esta. Además se enviarían a la fiscalía los datos de los propietarios o promotores por si incurrían en algún delito penal. Por otro lado se creaba un registro con una prima reducida de 32c€/kWh (en lugar de los 47c€/kWh) al que podían optar voluntariamente hasta el 7 de octubre los huertos ‘fraudulentos’.  

Unas tres semanas antes de la fecha límite del 7 de octubre la CNE, para reforzar la acción del Ministerio de Industria (y eso que dicen que la CNE es independiente), pide todo tipo de papeles a todas las plantas fotovoltaicas que se conectaron en el mes anterior al fatídico 28 de septiembre de 2008. Entre esta documentación está, entre otros, los albaranes de entrega y entradas en aduanas de todo el material necesario para la construcción de una planta fotovoltaica. No había escapatoria. Los que habían conectado fraudulentamente tenían que estar todos ellos entre los que había solicitado todo tipo de documentación la CNE. Desde ese momento la única solución a los conectados fraudulentamente era pedir su inclusión en el “registro de amnistiados”. Seguramente, ante el riesgo de enfrentarse a un calvario judicial de resultados inciertos en el que el resultado sería todo o nada, pidieron ser incluidos en este registro algunos de los que tendrían la planta solar lista el 28 de septiembre, pero que fueron conectados posteriormente.

El resultado de todo esto se conoce ya. De los 1.000MW  y 3.000 millones de fraude, hemos pasado a 64MW (entre los que se encuentran sin duda y como he mencionado muchos que seguramente no son fraude) y 17 millones de presunto fraude al año. El 1,82% de todo lo instalado, un porcentaje de fraude que para sí quisieran otros. Ningún medio ha resaltado la realidad con la misma contundencia que resaltaron los datos especulativos y ficticios. Los fotovoltaicos somos ya en el imaginario colectivo, después de dos años de difamaciones, unos piratas.

Por cierto, no quieran entender con este post que estoy a favor de encubrir el fraude. Ni por asomo. Lo que si estoy en contra es de la campaña de comunicación que el  Ministerio de Industria y las eléctricas lanzaron al unísono para difamar a toda la industria fotovoltaica de este país. En la mente de todos el mundo queda ya, tras dos años de lluvia fina constante que los fotovoltaicos somos unos mafiosos, unos defraudadores y unos estafadores. Denle las gracias al ministro Sebastián por no solo cargarse a 75.000 trabajadores de este sector, sino porque los 15.000 que quedamos seamos tratados de esta manera tan infame.

Epílogo

Dentro de unas semanas la CNE habrá inspeccionado toda la documentación entregada por las plantas construidas en 2008. Seguro que hay muchas que estaban en condiciones de operar antes del 28 de septiembre de 2008 pero no estaban conectadas por la lentitud de las comunidades autónomas o de las empresas eléctricas.

De nuevo tendremos que soportar notas de prensa diciendo que la CNE ha 'descubierto' 'x' cientos de MW en condiciones 'fraudulentas'. En el peor de los casos estaremos escuchando esas acusaciones durante meses. En el mejor de los casos el Ministerio de Industria y los propietarios litigarán en los tribunales. Y digo en el mejor de los casos, porque será la manera de acabar de raíz con este tema. 

En el improbable caso que los tribunales acepten que una planta en condiciones de ser conectada a finales de septiembre, pero sin ser efectiva esa conexión por causas no imputables al propietario, pueda no recibir la prima, habrá que ver quien paga al propietario de la planta una indemnización equivalente a los ingresos esperados más los gastos causados por el litigio. Porque si una planta no se conectó a tiempo por la falta de una firma de una comunidad autónoma, o de una empresa eléctrica, seguramente serán esos organismos los que deberán asumir la responsabilidad económica que se derive de ello. Será curioso ver al Ministerio de Industria sacando de la tarifa eléctrica que paga el consumidor las primas de una planta fotovoltaica, y al mismo tiempo ver una comunidad del mismo color político teniendo que pagar de su bolsillo y mermando, por tanto, los servicios de esa comunidad, por el pago las primas correspondientes y la actitud del Ministerio de Industria. Veremos si se atreven.